Horizontes. Revista de
Investigación en Ciencias de la Educación
https://revistahorizontes.org
Volumen 8 / N° 35 / octubre-diciembre 2024
ISSN: 2616-7964
ISSN-L: 2616-7964
pp. 2342 - 2357
La defensa de la
enseñanza pública gratuita en Perú, 1969
The defense of free public education in Peru,
1969
Defesa da educação pública gratuita no Peru, 1969
Marté Sánchez-Villagómez
msanchezvi@unfv.edu.pe
https://orcid.org/0000-0002-0643-4227
Bertha Navarro-Navarro
bnavarro@unfv.edu.pe
https://orcid.org/0000-0002-2996-8184
Universidad Nacional
Federico Villarreal. Lima, Perú
RESUMEN
A finales de la década de 1960, en Perú, la dictadura militar propuso
eliminar la gratuidad de la educación pública, situando la enseñanza en el
centro del debate nacional. Este estudio tiene como objetivo analizar la
respuesta de los actores sociales frente al decreto que afectaba la gratuidad
de la enseñanza pública. Se adoptó un enfoque cualitativo de tipo hermenéutico
y bibliográfico, empleando un análisis crítico de fuentes como revistas
indexadas, repositorios, documentos legales, libros, artículos especializados y
periódicos del periodo estudiado. Los hallazgos destacan la importancia de la
lucha social en favor del progreso equitativo de los ciudadanos y subrayan el papel
fundamental de la sociedad civil como garante de los derechos sociales.
Palabras clave: Enseñanza pública; Enseñanza gratuita; Defensa de la enseñanza
ABSTRACT
At the end of the 1960s, in Peru, the military dictatorship proposed the
elimination of free public education, placing education at the center of the
national debate. The purpose of this study is to analyze the response of social
actors to the decree that affected free public education. A hermeneutic and
bibliographic qualitative approach was adopted, using a critical analysis of
sources such as indexed journals, repositories, legal documents, books,
specialized articles and newspapers of the period studied. The findings
highlight the importance of the social struggle for the equitable progress of
citizens and underline the fundamental role of civil society as guarantor of
social rights.
Key words: Public education; Free
education; Defense of education
RESUMO
No final da década de 1960, no Peru, a ditadura militar propôs a
eliminação da educação pública gratuita, colocando a educação no centro do
debate nacional. O objetivo deste estudo é analisar a resposta dos atores
sociais ao decreto que afetou a educação pública gratuita. Foi adotada uma
abordagem qualitativa hermenêutica e bibliográfica, com análise crítica de
fontes como revistas indexadas, repositórios, documentos legais, livros,
artigos especializados e jornais do período estudado. Os resultados destacam a
importância da luta social para o progresso equitativo dos cidadãos e ressaltam
o papel fundamental da sociedade civil como garantidora dos direitos sociais.
Palavras-chave: Educação pública; Educação gratuita; Defesa da educação
INTRODUCCIÓN
En Perú, en la década de 1960, se produjeron
varios sucesos que afectaron a la educación (Ruiz, 2016). En efecto, existía un
cambio en el liderazgo de las organizaciones magisteriales, entre otros
aspectos políticos que afectaron el buen desenvolvimiento de las relaciones
gremiales con el Estado. En octubre de 1968, se produjo un corte en el sistema
democrático peruano, interrumpiéndose el periodo presidencial por un golpe de
Estado militar (Testi, 2018; Escamilla, 2019), lo que produjo desorganización y
grandes expectativas políticas y sociales (Sánchez, 2002). Incluso, a nivel
internacional, la región vivía un despertar antiimperialista gracias al triunfo
de la revolución cubana entre los hechos más relevantes de aquel momento.
En relación al ámbito educativo, entre las
acciones tomadas por la dictadura militar se estableció, apoyados en varios
argumentos, eliminar la gratuidad, colocando a la educación pública en el
centro del debate nacional, acción que fue percibida por las mayorías de
escasos recursos como un atentado a sus derechos como ciudadanos. En este
sentido, como sostiene Vargas (2005), la educación no respondía ni a la
identidad nacional ni a los criterios de construir lo nacional, se trataba de
una educación tradicional que no irrumpía en la preexistente estructura social
del país, ya que la educación siempre le fue esquiva a las poblaciones menos
privilegiadas.
En el contexto que se estudia, se evidencia el
decrecimiento de la inversión pública en el sector educativo pese a que la
demanda de matrícula seguía creciendo (Reátegui, 2009). De igual forma,
Sandoval (2004), quien sigue la línea argumental de Degregori (2010), elabora
un detallado informe que presenta la crisis y abandono de la educación pública,
explicando cómo ello fue caldo de cultivo para movimientos radicales. En este
contexto de efervescencia social en torno a la educación, como derecho
inalienable, se afianzaron los principios emancipatorios de la “educación
liberadora” y “educación popular”. (Chiroque, 1999).
En efecto, en marzo de 1969 se promulgó el
Decreto Supremo 006-69/EP (Presidencia de la República, 1969), que exigía el
pago de mensualidades a las familias con alumnos en planteles oficiales de Educación Secundaria Común, de Educación
Secundaria Técnica, Mando Intermedio y Formación Magisterial, quedando
claro para muchos que el contenido del Decreto colocaba en riesgo,
especialmente, a los miembros de las comunidades campesinas cuya economía más
que postergada estaba abandonada por el propio Estado (Caballero, 1980), siendo
contundente el rechazo a esta ordenanza gubernamental desde varios frentes,
siendo los alumnos, padres de familia y docentes los más indignados con esta
medida.
En relación a lo anterior, Ruiz (2016) señala
que en Huancayo fue masiva la protesta social de alumnos y padres de familia
que contó con el numeroso apoyo de los docentes; la respuesta del gobierno
militar fue destituir a unos ochocientos profesionales de los colegios de la
provincia. Asimismo, en Cajamarca los padres de familia ocuparon las
instalaciones del principal colegio de la ciudad y de la prefectura local. En
paralelo, en la región de Puno, los sacerdotes hicieron público el pedido de
derogación del decreto supremo empleando el púlpito para ello. Asimismo, Lima
como capital del país no fue la excepción, las asociaciones de padres de
familias, las confederaciones docentes y estudiantiles participaron de las
protestas. El caso más emblemático fue la toma de la Gran unidad escolar Carlos
Wiesse de Comas, en abril de 1969 (Saravia, 2003).
Según Alarcón (1976) la toma de la gran unidad
escolar fue coordinada entre estudiantes y el cuerpo docente liderados por su
director. El Colegio Carlos Wiesse es la muestra de cómo un pueblo demanda
educación, este centro escolar fue creado en marzo de 1960 por la propia
población de Comas, fue reconocido como colegio público en 1963 y tuvo partida
presupuestaria desde el año siguiente; tres años de autogestión de la población
con apoyo de exalumnos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos muestran
lo importante que fue para la población de Comas asegurar y brindar educación a
sus hijos, de ahí la respuesta iracunda ante el Decreto Supremo 006-69/EP.
Cabe agregar que, Ayacucho fue el caso más
emblemático de esta respuesta ciudadana por preservar la gratuidad de la
enseñanza pública (Castillo, 1972; Alarcón,1976; Ramos y Loli, 1979; Degregori,
2010; Sánchez y Ríos 2021), las manifestaciones fueron coordinadas y contaron
con el respaldo mayoritario de la población, alumnos, padres de familia y maestros,
los mismos que fueron reprimidos violentamente en las ciudades de Ayacucho y
Huanta, respectivamente. Los enfrentamientos en las calles de ambas ciudades
fueron moneda corriente durante aquel periodo; las consecuencias de la
represión estatal fueron heridos y muertos entre ellos se cuentan alumnos,
padres de familia, docentes y grupos organizados de la sociedad ayacuchana y
huantina.
Precisando de una vez, si bien el gobierno de
Velasco antepuso la paz social, cayó en una gran contradicción cuando actuó
violentamente en supuesto resguardo de ella; como sostiene Ruiz (2016) las
autoridades veían en la represión una forma de solucionar la protesta social
urbana o rural, gremial o campesina que alteraba la paz en el país. A las pocas
semanas de iniciado, el gobierno militar reprimió fuertemente las protestas
sociales, por ejemplo, los campesinos de Cospán (Cajamarca) fueron masacrados a
finales de octubre de 1968 (Ruiz, 2016). Durante los últimos meses de 1968 y
los primeros meses del siguiente año se produjeron un conjunto de sucesos en
torno al tema educativo básico y superior que pusieron en riesgo su
continuidad; por ejemplo, la ratificación de docentes universitarios y de
colegios públicos fueron antecedentes de lo que en marzo de 1969 se daría
(Sánchez y Ríos, 2021).
Frente a este contexto, el objetivo a
desarrollar en el manuscrito es analizar la respuesta de los actores sociales
ante el decreto que puso en riesgo la gratuidad de la enseñanza pública garante
de una instrucción inclusiva y de calidad en Perú. Para la elaboración de este
artículo se realizó la revisión documental de aportes realizados por diversos
autores en torno a los acontecimientos ocurridos posterior a la implementación
del decreto, el análisis de artículos de prensa y la importancia de la
gratuidad en los sistemas educativos. Todo lo anterior, permite describir y
precisar un conjunto de dinámicas y acciones de los actores sociales (alumnos,
padres de familia y maestros de escuela) que se dieron como respuesta al
decreto supremo que afectó de forma diferenciada en cada región del país y la
importancia de las luchas sociales a favor de los derechos fundamentales.
METODOLOGÍA
Se llevó a cabo un estudio bajo un enfoque
cualitativo, con un diseño hermenéutico y bibliográfico. Este estudio se basó
en el análisis crítico y se desarrolló como una investigación de carácter
argumentativo, con el objetivo de alcanzar una comprensión profunda, análisis y
reflexión sobre el tema. Se procedió a la recolección, resumen y discusión de
las fuentes encontradas, con la finalidad de profundizar en el contexto
estudiado. Los materiales analizados incluyeron revistas indexadas,
repositorios, fuentes bibliográficas y hemerográficas, tales como libros,
artículos de revistas especializadas, documentos legales y periódicos del
periodo analizable.
En cuanto a los textos analizados, se
seleccionaron 62 textos periodísticos, entre noticias y columnas breves,
provenientes de diarios de circulación nacional como Última Hora, El Comercio,
Extra y La Crónica, todos ellos consultados en la Biblioteca Nacional de Lima,
Perú. A partir de este corpus, se aplicó un criterio de inclusión basado en los
textos que abordaban las respuestas de los actores sociales frente al Decreto.
De este modo, se incluyeron 5 textos relacionados con los docentes, 7 sobre los
estudiantes y 16 sobre los padres de familia, resultando en un total de 28
textos (Tabla 1).
Para la catalogación de la información, se
utilizaron fichas de recopilación bibliográfica y hemerográfica, que luego
fueron digitalizadas en Word. En el análisis, se emplearon los métodos
documental e histórico, lo que permitió reconstruir el contexto y los procesos
ocurridos. Finalmente, el método hermenéutico fue fundamental para la
interpretación de los sucesos y procesos descritos en la investigación, ya que
facilitó la comprensión del papel de los actores sociales en las diversas
formas de respuesta generadas por la medida gubernamental analizada.
DESARROLLO
Y DISCUSIÓN
La Tabla 1 presenta un conjunto de artículos periodísticos seleccionados
que abordan las dinámicas sociales y educativas en torno a las demandas de
docentes, estudiantes y padres de familia en Perú. Estas noticias, publicadas
en diversos diarios nacionales, reflejan las tensiones y movilizaciones suscitadas
por la gratuidad de la enseñanza, los costos educativos y las reformas legales,
así como las respuestas del gobierno y las organizaciones involucradas. La
recopilación se centra en eventos clave entre marzo y junio, destacando los
discursos, acciones y enfrentamientos entre diferentes actores sociales.
Tabla 1. Artículos periodísticos
seleccionados para el análisis.
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Diario |
Fecha |
Titular |
Data |
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Docentes |
La Prensa |
03 MAY |
Maestros
primarios de Lima inician Convención provincial |
La
Convención Provincial de los Profesores de Educación Primaria de Lima,
organizada por el Sindicato provincial de Profesores de Educación Primaria de
Lima que reúne a 1000 docentes, se llevó a cabo en local de la FENEP (Federación Nacional de Educadores del Perú que en
1972 daría paso a la formación del SUTEP). Trataron distintos temas
entre ellos la educación gratuita. |
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La Prensa |
04 MAY |
Respaldan
gratuidad de enseñanza escolar. Acordaron maestros de primaria de Lima |
En la
Convención de Profesores de Educación Primaria de la provincia de Lima que se
viene realizando en el FENEP, los maestros acordaron respaldar a los padres
de familia en su lucha por conseguir la derogatoria del DS. Demandando
iniciar una lucha. |
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La Prensa |
05 MAY |
Cita de
profesores criticó a Gobierno |
Durante la
Asamblea Plenaria de la Convención, los profesores fueron críticos con el
gobierno. Se mostraron a favor de los padres en su posición contraria al DS
006 y acordaron la formación de un frente de lucha con alumnos, padres y
estudiantes universitarios para lograr la derogación de la Ley Universitaria,
el DS 006 y cualquier decreto que “atente contra la educación nacional”. |
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La Prensa |
20 JUN |
El
Magisterio Nacional anunció una marcha a Palacio de Gobierno para el
miércoles 25 para pedir la descongelación de sus haberes, entre otros. Esto
fue anunciado por los presidentes de los Sindicatos Nacional de Maestros
Primarios, Horacio Sánchez Ortiz y Andrés Paredes Luyo respectivamente,
quienes también son copresidentes de la FENEP. Los maestros decidieron formar
un frente de lucha junto a empleados, auxiliares, padres de familia,
estudiantes y obreros. Anunciaron mítines y marchas de denuncia. |
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La Prensa |
24 JUN |
Mientras
la FENEP se mantenía firme en llevar a cabo su marcha a Palacio de Gobierno,
en reclamo a la congelación de sus haberes entre otros temas, el SNEP
(Sindicato Nacional de Profesores de Educación Primaria del Perú) y una de
sus bases, el Sindicato Provincial no quisieron acatar por calificar la
medida de tendencia comunista, esto fue informado por sus dirigentes Juan
Chávez Larrea, Romero Bravo Chávez y Bernardo del Águila. |
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Estudiantes |
El Comercio |
24 JUN |
“Se ha comprobado que varios estudiantes habían venido de Lima y
Huancayo, para agitar al campesinado” |
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La Crónica Ed. Mañana |
24 JUN |
Envíense refuerzos antisubversivos. Centenares de
detenidos llegan a Huancayo |
“muchos estudiantes, sindicados como instigadores”, llegaron a
Huancayo el día anterior y “hoy” serían enviados a Lima. |
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La Crónica Ed. Mañana |
24 JUN |
150 detenidos hoy llegarían a Lima |
“Entre los detenidos hay unos treinta estudiantes y los restantes, en
su mayoría, son elementos que se afirma son ajenos al campesinado, pero
azuzaron a éste para provocar los desmanes” |
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ÚLTIMA HORA |
25 JUN |
21 heridos graves de Huanta llegaron ayer |
Resultaron 21 personas heridas gravemente
en Huanta, entre ellos un sargento de la Guardia Civil. Fueron traídos de
Ayacucho en 2 máquinas de la FAP que aterrizaron en la Base de Lima-Callao,
donde no se permitió el ingreso de periodistas. Por otro lado, fueron
transportados por tierra a la Segunda Región de Policía, 6 detenidos entre
los cuales se encontraban Mario Cavalcanti, (identificado como el principal
instigador de la ola de violencia en Huanta), y 2 estudiantes de la Cantuta y
la Villareal de Lima. Hasta el momento había cerca de 37 detenidos. |
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La Prensa |
24 JUN |
Evacuaron a Ayacucho a 14 heridos graves. Gobierno
denuncia a “Extremistas” |
“El gobierno denunció … la intervención de ‘elementos extremistas
expertos y con antecedentes en agitar a las masas y en el empleo de métodos
terroristas’, en los sucesos de Ayacucho y Huanta y afirmó que han instigado
desórdenes desde los primeros días de junio”. Otra cuestión que el Gobierno
denuncia es “que habían participado universitarios procedentes de Lima y
Huancayo” con la intención de “impedir o retardar la Reforma Agraria y han
provocado estos hechos”. |
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La Prensa |
24 JUN |
El subprefecto GC Frank Espinoza, tras su liberación después de ser tomado
como rehén, informó al diario “que los disturbios de ayer fueron provocados
por un grupo de universitarios, procedentes de Lima, Huancayo y Ayacucho,
quienes desde hace algún tiempo ‘venían intoxicando al campesinado con las
ideas del comunismo pekinés’” (p.6). |
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El Comercio |
25 JUN |
Utilizando ambulancias del Ejército,
Guardia Civil y de la Cruz Roja, llegaron por tierra 21 heridos de los
disturbios de Huanta. También llegaron 5 detenidos, entre los cuales estaban:
Cesar Ramírez (estudiante de la Universidad Villarreal), Iván Ramírez
(estudiante de "La Cantuta"), y Eduardo Cárdenas (Secretario
General de los Campesinos de Huanta). El movimiento de los campesinos dejó 14
muertos y 50 heridos de balas, donde hubo personas extrañas infiltradas en el
movimiento |
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EXTRA #1312 4 |
13 MAR |
Siguen denuncias por los cobros indebidos |
Se dieron varias protestas en el M. de Educación por cobros indebidos
en colegios nacionales y particulares para la Asociación de Padres de
Familia, que se presentaban como obligatorios para el derecho de matrícula,
cuando estos pagos podrían efectuarse a lo largo del año escolar. Por otro
lado, el presidente de la Asociación de Padres de Familia pidió al M. de
Educación que los alumnos que hayan aprobado sus cursos vacacionales
mantuvieran la gratuidad en 1969. |
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EXTRA INFORMA #1943 |
19 ABR |
Padres de familia |
El Comité Ejecutivo Nacional de
Asociados de Padres de Familia ofreció una conferencia de prensa, donde
declararon que tratarían el problema de gratuidad de la enseñanza. |
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Padres |
EXTRA #1345 |
22 ABR |
Guerra en
educación |
Las
Asociaciones de Padres de Familia de distintos colegios, presentaron
numerosos reclamos al M. de Educación, debido a la suspensión de la gratuidad
de la enseñanza. Por ello, se había desatado una “guerra” por la falta de
atención y flexibilidad de las autoridades frente a las exigencias de las
mayorías nacionales. Asimismo, la reducción del presupuesto en educación
estaba afectando gravemente al país. |
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EXTRA #1357 |
07 MAY |
De todo un
poco |
El
enjuiciamiento del Presidente del Comité Nacional de Padres de Familia
(doctor Jorge Chávez Pinedo), que venía bregando porque se dejara sin efecto
la restricción de la gratuidad, aumentó las tensiones entre las autoridades y
padres de familia en el país. |
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La Prensa |
13 MAR |
Padres de
familia no están de acuerdo con cobro de 100 soles a desaprobados |
Los padres
de familia de los planteles oficiales, se pronuncian mediante un oficio,
pidiendo volver a la Ley 14693. El presidente de la Asociación de padres de
Familia de la GUE “Miguel Grau” hace presente el desacuerdo de los padres
para con el cobro de los 100 soles y consideran que el DS 006-69 tiene efecto
retroactivo. |
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La Prensa |
23 MAR |
La Asociación
de Padres de Familia de la GUE “Nicolás de Piérola”, bajo su presidente César
Rodríguez Manrique, solicitan una reconsideración del DS 006, mediante la
Asociación Nacional de Padres de Familia de Colegios Oficiales. |
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La Prensa |
26 MAR |
Piden deroguen
nuevo decreto sobre gratuidad de enseñanza |
Padres de
GUE “José Granda” de SMP pidieron al Ministro de Educación la derogatoria del
decreto, mediante un oficio. Sugieren que se retome el sistema anterior que
cobraba 36 soles mensuales a los repitentes y que no suprimía la gratuidad a
los que aprobaron en vacaciones los cursos aplazados. Han tenido que pagar
120 soles por cada curso vacacional y consideran que no se les debería cobrar
100 soles mensuales más por derecho a la enseñanza, porque se trataría de una
sanción doble. |
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La Prensa |
05 ABR |
Piden
aplazar nuevo pago en cursos aplazados |
Presidente
del Comité de Reclamo de las Asociaciones de Padres de Familia de Lima, Dr.
Jorge Chávez Pineda, que representa las Asociaciones de Padres de Familia de Lima,
Callao y Balnearios, piden se aplace en forma parcial y solo por este año la
aplicación del DS 006: el presidente del comité menciona: que la aplicación
es de solo para los alumnos repitentes y aplazados en dos o más cursos del
año anterior (1968) y que para el siguiente año (1970), se aplique de manera
general. De no aplicarse su pedido, esto tendrá repercusiones económicas para
los padres. A este
Comité de Reclamo se sumaron 12 asociaciones de padres de 12 colegios
nacionales de Arequipa. Estos pedidos serán entregados al Presidente de la
Junta de Gobierno cuando sus audiencias sean aceptadas. |
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La Prensa |
07 ABR |
Pago de
“jalados” de Media daría mil millones al año |
El
Presidente de la Asociación de Padres de Familia de la GUE “Alfonso Ugarte”:
Julio Ruiz Muñoz, sostuvo en una asamblea realizada el día anterior en el
local de la FENEP, que alrededor de mil millones anuales se recaudaría por
concepto de pensiones de los alumnos pagantes a nivel nacional por el DS 006.
Por lo que acordaron solicitarle al Ministro de Educación y al presidente la
reconsideración inmediata del decreto ley. |
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La Prensa |
11 ABR |
Padres por pago de cursos pendientes suspenden ayuda económica a
colegios |
Los
representantes de varias GUE y asociaciones de colegios de Lima y provincias
acordaron en la asamblea llevada a cabo el de la FENEP, bajo el auspicio del
Comité de Reclamos, presidida por Humberto Samame, que sus representadas
suspendan el pago de combustible de los ómnibus y toda ayuda pecuniaria a los
colegios a modo de compensación por los gastos por cada alumno con cursos
pendientes. Además, examinaron la suspensión del pago de los 100 soles
impuestos por el DS 006, viendo una interpretación del decreto que sería
presentada por vía judicial previa consulta al Colegio de Abogados de Lima. |
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La Prensa |
24 ABR |
La
Asociación de padres de familia de GUE “Nuestra Señora de Guadalupe” acordó
retirarse de la Comisión de padres de familia y Grandes Unidades Escolares
por no estar de acuerdo con las medidas anunciadas por esta. |
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La Prensa |
19 MAY |
Piden reducir de 100 a 50 soles pensiones de alumnos jalados |
Los padres
de familia de SMP, reclamaron que se rebaje el costo de la mensualidad para
los alumnos desaprobados, a partir del siguiente año. Esto se propuso en una
asamblea llevada a cabo en la GUE “José Granda”. Estos reclamos llegaron al
Dr. Manuel Parra del Riego, Coordinador de la División de Padres de Familia
del Ministerio de Educación, que en representación del ministro Arrisueño,
estuvo presente en la inauguración de obras en el plantel. Ante las
declaraciones del representante, un padre de familia de filiación aprista,
Zózimo Vicuña, respondió que, de haber una crisis económica, cómo podrían
pagar los 100 soles. Al finalizar se le entregó un memorial pidiendo la
rebaja de las pensiones al representante del ministro. |
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ÚLTIMA
HORA |
25 MAR |
Mamis
pitean como tren de sierra por pago de jalados |
Numerosas
madres de familia se aglomeraron en la G.U.E de mujeres "Juan Alarco de Dámmert"
para protestar, con cartelones, por lo que consideraban una irregularidad del
cobro de s/.100 por alumno que desaprobó algún curso el año interior o
hicieron el período vacacional. Pedían la total vigencia de la Ley de
Gratuidad de la Enseñanza. |
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ÚLTIMA
HORA |
28 ABR |
El
Ministro de Educación (Alfredo Arrisueño), se reuniría el 29 de abril de 1969
con los directivos de la Asociación de Padres de Familia, quienes demandarían
se deje sin efecto el DS 006. Durante la primera etapa de conversaciones no
se había concretado ningún acuerdo. |
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La Crónica |
13 MAR |
Padres piden pagar 20 soles por hijos que
perdieron la gratuidad |
Los padres
de familia de diversos colegios como la G.U.E Miguel Grau o el Colegio Nacional
de Varones José Olaya propusieron pagar 20 soles en vez de 100 por sus hijos
que perdieron la gratuidad al ser desaprobados en 1 o más cursos. También
solicitaron al Ministerio de Educación que no perdieran la gratuidad los
alumnos que habían aprobado sus cursos de aplazados en vacaciones. |
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El Comercio |
29 ABR |
No se realizó la entrevista del Ministro de
Educación con la Asociación de Padres de Familia para tratar el tema de la
gratuidad de la enseñanza. Los representantes de los padres de familia
concurrieron al Ministerio del Parque Universitario y cursaron un memorándum
a fin de que se tramitara ante el Titular de Educación Pública, quien acababa
de retornar de Europa. |
Gratuidad de la enseñanza
pública afectada por el DS 006-69/EP
Como ya se ha dicho, en marzo de 1969, el
Gobierno militar de las fuerzas armadas emitió una medida legislativa que dejó
en evidencia el intento por eliminar la gratuidad de la educación pública. Sin
embargo, cuatro meses después, el 24 de junio se produjo la derogatoria del
antes mencionado decreto. En este sentido, las razones que generaron la
rectificación gubernamental fue la reacción de la sociedad civil en general y
especialmente al conjunto de manifestaciones y la organización subversiva de
estudiantes, padres de familia que protestaron en diferentes lugares del país
en rechazo de dicha medida.
Lo cierto es que, la publicación del decreto,
desencadenó la protesta estudiantil y la represión del gobierno a las
manifestaciones sociales de rechazo, lo que produjo la muerte de alumnos y
campesinos de Huamanga y Huanta durante el mes de junio del mismo año y un sin
número de heridos. En este sentido, el contenido del referido decreto supremo
afectaba la gratuidad de la educación y obligaba al pago mensual de S/.100.00
de abril a diciembre, pago que saldría del presupuesto familiar de cada alumno
afectado.
Otro elemento de análisis es la prontitud con la
que se quiso aplicar, menos de un mes; es decir, fue promulgado el 4 de marzo
de 1969 y entró en vigor desde el primer día útil de abril del mismo año.
Degregori (2010) hace una conversión monetaria de la suma de dinero que se
exigía como pago, por cada alumno desaprobado, para continuar con su formación
educativa escolar, obteniendo un equivalente a 2.3 dólares americanos, cifra
exigua en apariencia, pero que para un campesino con solo un hijo afectado
debía abonar mensualmente el equivalente a una semana de su salario, en el
mejor de los escenarios; y de tres semanas, en el peor de ellos. Lo anterior,
pone en contexto la realidad económica de las familias afectadas. Lo señalado
hasta aquí permite comprender el motivo de la movilización social que se
produjo en defensa de la gratuidad de la enseñanza y que se prolongó hasta
junio de 1969, momento en que alcanzó su punto más alto de beligerancia y
también su final cuando el gobierno publicó el Decreto-ley 17717 del 24 de
junio que corregía la situación que originó a nivel nacional el decreto supremo
006-69/EP.
Respuesta de los actores
sociales
En la referida movilización participó, como
actor social los tres sujetos curriculares: estudiantes, padres de familia y
docentes (Cussiánovich, 2009). Sobre los primeros, los diarios de la época dan
cuenta, principalmente, de la respuesta estudiantil fuera de Lima. Con
referencia a lo anterior, en conversaciones no estructuradas, con el ingeniero
Hugo Abel Rimarachín Sánchez, presidente de la Asociación de ex alumnos del
Colegio Carlos Wiesse, manifestó que la reacción se concentró, principalmente,
entre los estudiantes del turno vespertino conformado por jóvenes, en su
mayoría trabajadores. Las pesquisas para ubicar a los actores estudiantiles nos
llevaron a entrevistar a JMJ (solo se consignan sus iniciales), estudiante del
colegio José Santos Chocano, Pueblo Libre (Lima), quien recuerda haber
participado en el año de 1969, junto a sus compañeros de aula del segundo de
secundaria, en una de las marchas organizadas en Lima como respuesta a la
invitación que les hicieran sus docentes cuando les “informan del levantamiento
de un colegio en Comas” que sería el colegio Carlos Wiesse.
En este contexto, los docentes jugaron el rol de
difusores de los acontecimientos entre sus estudiantes y otros, incluso,
afianzaron y modelaron la respuesta de sus pupilos a partir de organismos
barriales y otros de base que ya existían como manifestó, en una breve
comunicación oral, el doctor Bernardino Ramírez Bautista, docente del turno
vespertino del colegio Carlos Wiesse en 1969. Además, el doctor Ramírez señaló
que los estudiantes del turno vespertino participaban en las actividades
promovidas por el Centro Universitario de Comas dirigido entonces por el
estudiante de sociología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Luis
Enrique Bustíos Dávila.
Para entonces, los docentes de la Educación
Básica Pública se organizaron en la Federación Nacional de Educadores del Perú
(FENEP), desde ese organismo desarrollaron una respuesta decisiva contra el
decreto a través de acciones que fueron recogidas por el periodismo de
entonces. Así La Prensa informó que alrededor de mil docentes, luego de
sesionar en la FENEP se manifestaron en contra de la pérdida de la gratuidad a
inicios de mayo de 1969; es más, durante una Asamblea Plenaria (La Prensa 3 de
mayo de 1969) se acordó respaldar a los padres de familia en su lucha por
conseguir la derogatoria del DS y cualquier otra norma que “atente contra la
educación nacional”, por ello se formó un frente de lucha con alumnos, padres y
estudiantes universitarios para lograr la derogación tanto del DS 006 como de
la Ley Universitaria (La Prensa, 4 de mayo de 1969; Acordaron maestros de
primaria de Lima, 1969).
La reacción de los padres de familia frente al
decreto, no se hizo esperar y también fue recogida por el periodismo de la
época. Al inicio, las acciones fueron de carácter administrativo a través de
oficios, memoriales y conversaciones donde exponían su crítica a la medida
gubernamental por su naturaleza retroactiva y por arriesgar la gratuidad de
muchos estudiantes por el monto que se cobraría. En ese sentido, algunos de sus
representantes en diversos colegios, como la Gran Unidad Escolar (G.U.E.)
Miguel Grau, G.U.E. Alfonso Ugarte, G.U.E. Nicolás de Piérola, G.U.E. José
Granda y el Colegio Nacional de Varones José Olaya propusieron pagar 20 soles
en vez de 100 por sus hijos que perdieron la gratuidad al ser desaprobados en
uno o más cursos. También solicitaron al Ministerio de Educación que no
perdieran la gratuidad los alumnos que habían aprobado sus cursos de aplazados
en vacaciones. (La Prensa, 14 de marzo de 1969; La Crónica, 13 de marzo de
1969; La Prensa, 7 de abril de 1969; La Prensa, 26 de marzo de 1969; Siguen
denuncias por los cobros indebidos, 1969).
Con referencia a lo anterior, lo que empezó con
un proceso de diálogo entre padres de familia y autoridades se trastocó en
tensión y confrontación al no ser escuchados ni atendidos, efectivamente, por
los representantes del gobierno. Esto intensificó la protesta organizada en las
afueras de los colegios donde se desarrollaban los plantones como sucedió en la
G.U.E. de mujeres Juana Alarco de Dammert donde fueron las madres de familia
reclamando por el derecho a la educación de sus menores hijas. (ÚLTIMA HORA, 25
de marzo de 1969). Lejos de ceder ante estas manifestaciones, el gobierno
continuó con su política de represión. (Guerra en educación, 1969). Un caso
emblemático de esta política fue la que sufrió el doctor Jorge Chávez Pinedo,
presidente del Comité Nacional de Reclamo de las Asociaciones de Padres de
Familia, quien fue enjuiciado por bregar a favor de la gratuidad de la
enseñanza por ser un derecho y no un servicio. (De todo un poco, 1969).
Discusión
La sociedad organizada logró derogar el decreto
que atentaba contra la educación gratuita, no sin antes pagar un alto precio,
las cifras que señalan los actores sociales hablan de 100 muertos. Finalmente,
el Gobierno restituyó la gratuidad de la enseñanza el día 24 de junio, en este
sentido, la respuesta y los mecanismos
empleados por los líderes del alumnado se basó en su experiencia de
autonomía, a partir del ejercicio que ya tenían como conformantes de organismos
barriales y de base, lo que les permitió organizarse de manera sistemática.
Asimismo, con respecto a los docentes, en buena parte estudiantes
universitarios, vivían un periodo de efervescencia política y sindical cuyo
principal mecanismo fue la capacidad organizativa entre sí que se concretó,
además de las vías documentales administrativas, en respuestas públicas de
rechazo como marchas, paros y plantones. Otro mecanismo por destacar son los
lazos comunicantes que lograron desarrollar desde su ejercicio social
suscitador y mediador con los padres de familia y con sus propios estudiantes
de colegio.
En cuanto a los
mecanismos que ejercieron los padres y madres de
familia, se destaca el ejercicio permanente de diálogo con sus pares,
sus hijos y los docentes, formando un frente en defensa de la gratuidad de la
enseñanza. De igual forma, su organización y capacidad de convocatoria les
permitió desarrollar, más allá de memoriales, manifiestos y solicitudes,
actividades públicas de repudio frente al decreto como plantones y marchas.
Conviene destacar que, los actores sociales, pese al contexto de un gobierno de
facto, recorrieron y agotaron las vías institucionales y administrativas a
través de documentación cursada a las autoridades correspondientes en la que no
solo manifestaban sus razones para rechazar el decreto supremo, además hacían
propuestas al respecto. Pero, ante la dilación de las autoridades en atender
sus escritos e, incluso en incumplir, propuestas o postergar diálogos con
ellos, optaron por las manifestaciones públicas de rechazo y repudio las mismas
que fueron reprimidas con violencia.
De acuerdo con el análisis planteado, uno de los
principales problemas que da origen a la violencia en un país son las malas
condiciones económicas y más si ésta se manifiesta en el sistema educativo,
debido a que debilita uno de los principales motores de desarrollo de cualquier
nación (Mercado, 2021). Por lo tanto, la respuesta de la sociedad civil peruana
impulsó que el Estado brindara los beneficios y exigencias que la sociedad
demandaba: una educación gratuita, inclusiva y equitativa para todos. Para
Mercado (2021) la importancia de la inclusión y gratuidad de la educación
radica en que por cada alumno que tenga prosecución en el sistema educativo
disminuye la posibilidad de que éste sea atraído por la delincuencia, entre
otras dolencias de la sociedad. En este mismo sentido, al fortalecer a las
instituciones de educación en todos sus niveles, se cumple con lo señalado en
el artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948),
estableciendo que “toda persona tiene derecho a la educación, esta debe ser
gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y
fundamental”.
Cabe agregar que, para Mateluna y Núñez (2017)
el acceso universal a la educación en todos los niveles es y debe ser un pilar
de los derechos humanos y una herramienta trascendental para el desarrollo
social. Los autores señalan que es importante entender a la educación como un
mecanismo para el progreso social, y el crecimiento personal hace de la
educación un pilar fundamental para construir una sociedad más justa y
equitativa.
CONCLUSIÓN
La publicación del decreto supremo reflejaba la
intención del Ejecutivo de obtener ingresos a costa de las familias peruanas,
lo que impactaba directamente a los hogares de menores recursos económicos. Al
imponer un pago mensual, el gobierno generaba una carga adicional sobre las
finanzas de estas familias, a pesar de su promesa de gobernar para reducir o
eliminar la desigualdad social en un país como Perú. Esta medida, por tanto,
ponía en duda las verdaderas intenciones del gobierno, ya que parecía contradecir
sus propios compromisos de justicia social.
Frente a esto, los actores sociales que
defendían la gratuidad de la educación —estudiantes, docentes y padres de
familia— expresaron su rechazo de diversas formas, evidenciando su desacuerdo
con el decreto y lo que implicaba en la práctica: el cobro de una mensualidad
por la educación en colegios estatales. Es importante recordar que el debate
sobre la educación no solo involucra una discusión sobre el acceso al
conocimiento, sino también sobre el futuro del país y la sociedad. Reflexionar
sobre este tema permite repensar los horizontes, reconsiderar los errores
cometidos y explorar alternativas para superarlos. Aceptar un sistema educativo
mercantilista perpetúa la injusticia, la segregación y la discriminación
social.
En definitiva, la lucha de los actores sociales
en Perú a finales de la década de 1960 fue crucial para el avance hacia una
mayor equidad social. Esta situación resalta el papel fundamental que la
sociedad civil desempeña en el desarrollo de los países, convirtiéndose en uno
de los principales garantes de los derechos sociales.
CONFLICTO DE INTERESES. Los autores declaran que
no existe conflicto de intereses para la publicación del presente artículo
científico.
Asimismo, agradecen a la Universidad Nacional Federico Villarreal porque
con Resolución Rectoral N° 243-2022-CU-UNFV se aprobó el proyecto de
investigación que dio origen a este artículo y le otorgó un incentivo
económico.
También agradecen a los estudiantes investigadores que apoyaron con la
búsqueda y sistematización de textos periodísticos: Henry Jonathan Ávila
Herrera (UNFV), Yanell Cruz Contreras (UNFV), Jade Lucero Chapilliquén Navarro
(Pontificia Universidad Católica del Perú).
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